Primavera Valenciana

Los acontecimientos sucedidos en la ciudad de Valencia estos pasados días, con la desmesurada represión de los antidisturbios de la Policía Nacional, nos debe llevar a reflexiones que nos permitan ver el trasfondo de la situación en la que se encuentra la Educación en la Comunidad Valenciana, pero en particular sobre nuestra juventud.

El efecto de la crisis y sobre todo, una pésima gestión de los recursos de la Administración han llevado a la quiebra al sistema del bienestar, asumido ya por todas las fuerzas políticas pero que en tiempos de crisis y gobernados por la derecha, fundamentalmente ha sentido sus efectos el sistema educativo público. Hasta el punto que los propios estudiantes de Enseñanza Media, que aparentemente asisten a las clases adocenados y más pendientes de la actualidad deportiva y musical que de la realidad social en la que viven, empezaron a reaccionar con la pérdida de calidad de sus servicios educativos, con docentes desmotivados por las malas condiciones laborales, con instalaciones obsoletas o en precarios barracones, pero sobre todo, con unos centros cada vez más mermados en recursos y con serias dificultades económicas para mantener el ritmo cotidiano.

Nos encontramos con adolescentes demostrando su queja yendo a su centro con mantas para combatir el frío, protestas por los cortes de la luz eléctrica, sentadas por la falta de recursos tan elementales como la tiza o los folios, marchas hasta las puertas de las delegaciones de Educación para mostrar su precoz indignación. Estos jóvenes han sufrido una merma en la educación de tal calibre que ha conseguido despertar sus conciencias y hacer que se levanten a reclamar una mejor calidad en la enseñanza pública, pero en el fondo, a exigir el derecho al futuro, a su futuro. Y en estas algaradas que nunca van más lejos del quedarse fuera de clase, sesudas y a la vez ingenuas asambleas, el cántico de consignas o la sentada a la puerta del centro, intentaban por fin nuestros adolescentes eclosionar en su particular primavera, como todos tuvimos la nuestra donde quisimos ser protagonistas de nuestro mundo y reclamar lo que nos pertenecía, un futuro lleno de sueños que acabará para todos, generación tras generación, convirtiéndose en el pragmático presente en nuestra edad adulta. Es la ley de la vida, pero ningún adolescente debe ser privado de su inalienable derecho a descubrirse, reclamar su espacio y lo que él considera justo.

Pero por desgracia y como ocurre tantas y tantas ocasiones, el presente es temeroso del futuro y se impone demasiadas veces con la fuerza a la razón y sus sueños, en la realidad, y no en el cuento, David gana a Goliat una de cada mil veces.

Con un clima de tensión en el territorio causada por la reciente reforma laboral, los recortes en los servicios de la administración, la corrupción, la de alta y la de baja intensidad, con una banca más pendiente de comprar deuda pública que de hacer circular el dinero en la calle, con una importante morosidad con los proveedores de los servicios públicos y el desempleo que crece con la incapacidad de la administración de dar soluciones, es posible o bien que hiciera falta un escarmiento aprovechando el eslabón más débil, o lo que seria terrible, desviar la atención de tanto problema fabricando una noticia de funestas consecuencias.

No entraremos en los detalles, para eso están las hemerotecas, pero los enfrentamientos en el las puertas del IES Lluis Vives de Valencia, han mostrado la peor cara del poder, ejercido sobre aquellos que pedían sus imposibles, que arrancan con el pago del recibo de la luz de su instituto hasta intentar llegar a la utopía de una sociedad más justa, como sueña cualquier chaval o chavala de 16 años. En el fondo ellos, enfrentándose con la voz y las carreras, recibiendo golpes y mostrándonos las caras del miedo y de la indignación, nos han devuelto a todos a la adolescencia, a nuestros particulares choques con la autoridad establecida, a recordar que una vez soñamos con otro mundo posible, mucho mejor que el que vivimos ahora. Y que es necesario levantar la voz cuanto sea necesario para reclamar lo que consideramos nuestro, como hacíamos cuando éramos estudiantes de enseñanza media. Se han ganado nuestros corazones y han despertado nuestras conciencias.

La lección probablemente ha sido muy dura para ellos, tropezar de bruces con el pétreo poder, inmisericorde y soberbio,  pero para nosotros, que tantas veces pensamos que nuestros jóvenes y adolescentes están aletargados, hemos podido ver con satisfacción que nada está perdido, que los príncipes de la Utopía nunca se marcharon de aquí, son ellos, nuestros estudiantes de enseñanza media, y van dentro de nosotros. Con estos acontecimientos se han ganado nuestro respeto y el apoyo de la también aletargada ciudadanía.

Definitivamente era verdad, a veces David puede con Goliat. Los estudiantes del IES Lluis Vives de Valencia nos han enseñado que otra sociedad es posible y que esto depende de nosotros. Parafraseando al Finch-Hutton de "Memorias de Africa", brindemos por la cándida adolescencia.

¿Por qué tenemos que luchar por una Sanidad Pública?

El pasado 8 de mayo de 2009 tuvimos la oportunidad de compartir mesa con el Psiquiatra Manuel Girón i Jiménez. Titular en la Unidad de Salud Mental de Ciudad Jardín y Profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Miguel Hernández. Miembro de la Plataforma Pro-Sanidad Pública, vino invitado por nuestro compañero José Ramón Cuevas, quien nos hace este resumen. Manuel amenizo la charla con abundante material grafico y de apoyo visual; haciendo de la misma una de las exposiciones más didácticas y pedagógicas.

Empezó su análisis con un breve desarrollo sobre la esperanza de vida, desde un enfoque del Materialismo Histórico, según las distintas clases sociales; seguidamente nos demostró que, con el desarrollo del Capitalismo, a las distintas oligarquías les interesaba desarrollar unos mínimos de salubridad entre la población obrera para poder mantener y aumentar sus beneficios empresariales. Nacían así los primeros modelos de sanidad asistencial.

Con la Democracia y con el PSOE en el Gobierno; pone como ejemplo, de lo que considera que es una buena ley de Sanidad. La Ley 14/1986 o Ley General de Sanidad que fue desarrollada por el añorado Ministro de Sanidad Ernest Lluch, al que le dedico un recuerdo en su charla; con un: “Me quito el sombrero ante este Señor”, repetido por dos veces.

Después hace un análisis de la situación en el País Valenciano, con el pesimismo como base en su desarrollo. Como una serie de empresas de Capital – Riesgo consideran que nuestra Salud es un negocio y no un Derecho; Como estas empresas (Ribera Salud, Vinalopo Salud, Marina Salud, Torrevieja Salud, etc.) se preocupan mas de obtener beneficios empresariales que de dar una verdadera calidad a los pacientes. Curiosamente desde 1996 hemos decrecido, de forma notable, en las encuestas sobre asistencia sanitaria de la OMS. (Camas por habitantes, médicos por habitantes, centros de salud por población, enfermeras por habitantes, etc.)

La Sanidad Pública Valenciana se desangra pagando mucho más a la privada de lo que le costaría invertir en recursos propios. Todo ello se hace a sabiendas de que la sanidad privada – para garantizar sus cuentas de resultados – reduce hasta límites inaceptables la calidad de la atención sanitaria, ahorrando en cantidad y cualificación del personal, y en recursos. Las consecuencias son: incrementos de la morbilidad por infecciones hospitalarias, aumento remisión a la sanidad pública con retraso de patologías graves no resueltas por la sanidad privada o consecuencia de intervenciones realizadas con insuficientes recursos sanitarios, o la escandalosa y repetida realización de intervenciones quirúrgicas rentables económicamente y de dudosa indicación terapéutica.

En su exposición y debate nos demostró que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas. Convencido de que la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes.

Como conclusiones finales, solicito la derogación de la Ley/15/97 y cualquier otra que permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública.

Lo que pasa con la Sindicatura de Greuges

Aparece en el diario INFORMACION del Lunes dia 1 de Diciembre un artículo del profesor Asensi Sabater que inmediatamente después de su lectura provoca una reflexión mucho mas desalentadora que la suya. Según el profesor Asensi, parlamentario en los años que se aprobaron el Estatuto de Autonomía y la Ley del Sindic de Greuges, ahora, con el paso del tiempo y con un probable cambio de opinión, ya no encuentra ninguna razón que explique la existencia del Defensor del Pueblo y las instituciones similares. Atribuye su introducción en nuestro sistema jurídico a una especie de euforia constitucional y estatutaria y nos dice a los ciudadanos que no nos dejemos llevar por ninguna ilusión y que estas instituciones “probablemente inútiles” que sólo sirven para colocar amiguetes en los cargos, celebrar jornadas “fantasmas” y despachar unas pocas quejas. Y cuando llega a esta conclusión recomienda a quienes representen estas instituciones que, ya que no sirven para nada, dejen de crear problemas.

En esta desalentadora afirmación muestra una postura absolutamente descreida respecto del Estado Social como pilar básico de nuestra Democracia. Una postura de corte profundamente neoliberal que desemboca, lógicamente, en la desacreditación de instituciones como los defensores del pueblo, que nacen inspiradas en la necesidad de crear un modelo capaz de dar respuesta a los retos que, en el marco del actual modelo social económico y político, plantea la tutela eficaz de los derechos constitucionales y estatutarios, siendo su misión esencial servir de instrumentos de defensa de esos derechos, y de manera muy especial, y casi única, como vías de expresión y de transmisión de esa necesaria participación ciudadana.

Desde la perspectiva de los hechos acaecidos con la Sindicatura, sorprende que se afirme que el profesor Del Rosal “tomó la sabia decisión” de dejar su cargo. En virtud de esa ley a Don Bernardo Del Rosal, una vez terminado su mandato no le cabía ninguna otra opción. No podía continuar como Sindico ni siquiera en funciones. Por mandato de la ley el Sindic saliente o es otra vez propuesto y reelegido o tiene necesariamente que cesar en el cargo. No caben otras decisiones. Y esas fueron las circunstancias que se dieron en su momento. Y precisamente para estas condiciones de finalización de un mandato y necesidad de consenso en la designación de un Sindico, la ley prevé un mecanismo que asegura la continuidad de la misión de la institución a través de la asunción de su titularidad por el Adjunto Primero “en funciones” pero con todas las facultades y prerrogativas. Se han dado muchos ejemplos de estas circunstancias en otras Comunidades y las Instituciones respectivas no han entrado en ningún estado de coma, como pretende difundirse, y se ha conservado la normalidad institucional. Pero sobre todo estas instituciones no han sido puestas en cuestión ni han sido tildadas de inútiles e ineficaces por pasar por esas circunstancias. Lo que nos dicta la Ley es precisamente lo contrario y por eso establece ese mecanismo de continuidad. Obliga a los grupos parlamentarios a llegar a un consenso pero, consciente de que ese consenso queda sometido a las reglas del legitimo juego democrático salva a la institución mientras se logre. Y en ese juego no vale romper la baraja ni inventarse nuevas normas.

Desde que por mandato legal Del Rosal cesó en su cargo, la institución del Sindic ha seguido cumpliendo con su misión de defensa de los ciudadanos. Y precisamente han sido las circunstancias que han rodeado ese cumplimiento por parte de la Adjunta Primera, Doña Emilia Caballero, con eficacia y con una “ejecutoria brillante” las que han provocado la peculiar situación actual. Solo hay que recordar varias de sus actuaciones como las relativas al Plan Rabassa, la Ley de la Dependencia, la de Educación para la Ciudadanía entre otras. La institución no estaba en esa situación insostenible que nos describen, se ejercía su titularidad por la persona designada por la ley. Pero ese ejercicio precisamente resultaba incomodo para el Grupo Popular porque se realizaba desde una profunda creencia en la utilidad de la institución y sin ceder a la tentación de pasar de forma desapercibida. Ante esas circunstancias el Grupo Popular rompe la baraja y se levanta de la mesa de juego poniendo sobre la mesa un nuevo y grotesco comodín. Deciden que mientras se logre el consenso y como eso tiene un precio, no siguen jugando y sencillamente incumplen la ley. Tampoco proponen su modificación porque las cartas no son favorables. Recurren a una ilegitima reforma reglamentaria y se consideran ganadores de la partida.

Ante esta situación no se entiende la postura de equidistancia que adopta el profesor Asensi en su análisis de lo ocurrido. Y todavía se entiende menos la sugerencia de soluciones “imaginativas” como la de recomendar a los Adjuntos su dimisión. Como la Ley no les impone el cese como al profesor Del Rosal, el profesor Asensi les propone la dimisión como solución al problema creado por la vulneración de la ley y considera que esa seria la única forma en que pueden prestar un servicio a la ciudadanía. Porque el ejercicio de su responsabilidad institucional, el no dejar la sindicatura en el vacío y en la ineficacia total, el estar en definitiva de manera incondicional en el exigible respeto al Estado de Derecho, no le merecen al profesor actitudes ni contribuciones dignas de consideración en cuanto al mantenimiento de la credibilidad de la institución se refiere.Afortunadamente todavía la situación puede resolverse con una actuación del Tribunal Superior de Justicia que no seria una vuelta atrás, sino un obstáculo insalvable para el ejercicio de las prácticas poco respetuosas con las normas que imponen el respeto a la legalidad y un juego democrático limpio. En definitiva el respeto al Estado Democrático de Derecho.

Font de Mora… Yes, we can

Ayer se realizó una importante manifestación por las calles de Valencia, el Grupo 180 estuvo allí representado por algunos de sus miembros. Como siempre en los medios aparece la guerra de la cifra de datos que suele haber en estos eventos. El gobierno de Camps hablaba de 10.000 manifestantes y los organizadores de 80.000. La verdad es que desde la cabecera de la manifestación a la cola pasaron hora y cuarto de un coso educativo multicolor, porque aquello era una fiesta por la educación pública: padres, alumnos y alumnas, docentes, sindicatos y partidos políticos.

Cuestionada su representatividad por el Conseller Font de Mora, la verdad es que consiguió el Conseller lo que nadie había conseguido nunca, unir a todos los colectivos por un motivo pedagógico, no por una cuestión de inversiones o reivindicaciones salariales, que también.

Si uno de los principios del estado del bienestar, asumido ya por gran parte de las derechas europeas, pasa por la distribución equitativa de la riqueza a través de los servicios públicos, y si los instrumentos son las pensiones, la sanidad y el sistema educativo, sin lugar a dudas en la educación ha de ser la redistribución del conocimiento, que ha de llegar a todos y con un sistema público educativo garantista de este concepto.

Y quienes están en este momento al frente del gobierno autonómico desoyen este criterio, sin lugar a dudas por motivos ideológicos cada vez más evidentes. Con la fractura educativa determinados sectores de la sociedad difícilmente alcanzarán la igualdad en el conocimiento, y en estas condiciones las clases dominantes, las que ejercen el liderazgo de la sociedad, siempre saldrán de un mismo estrato social, lo que hace más fácil sostener las distancias entre clases y el poder. Nos devuelven otra vez a tiempos de la revolución industrial del XIX, donde a costa de la máxima calvinista de que el trabajo dignifica se sobreexplota a gran parte de la sociedad, mientras que las plusvalías son para unos pocos. Que mejor que utilizar el sistema educativo para perpetuar este fin.

De este modo hemos estado viendo el importante deterioro del sistema público de enseñanza: sin inversiones, con centros deteriorados, en condiciones tercermundistas (miles de alumnos estudiando en barracones), con facturas sostenidas por los padres por falta de fondos de maniobra en los centros, con una población escolar masificada, también por el fenómeno de la inmigración del que no participa la enseñanza concertada, y siendo utilizada como vertedero del fracaso escolar de dicho sistema de concertación. Con un panorama así hemos de añadir el mal funcionamiento para cubrir las bajas de docentes, la cuestionada autoridad de los profesionales, la repercusión en el trabajo de estas pésimas condiciones, lo que hace que tengamos un cuerpo de profesores totalmente desmotivado y desmoralizado.

Pues a todo esto solo le faltaba una gota que colmara el vaso, el problema de la Educación para la Ciudadanía. Una materia que efectivamente hace doctrina, doctrina de ciudadanía. Que los futuros ciudadanos y ciudadanas conozcan su sistema jurídico, las bases del ordenamiento democrático, los derechos y deberes de los ciudadanos, el papel de sus instituciones, y como no, a convivir en la tolerancia y a fomentar el espíritu solidario. Con unos criterios ideológicos como los antes expresados es imposible la compatibilidad con esta nueva materia, máxime con la connivencia con la iglesia católica, convertida en brazo propagandístico de la derecha más conservadora de nuestro país, y que reclama en ser patrón de ética de todos, creyentes o no, permitiéndose el lujo de hacer doctrina fuera de sus púlpitos y anatemizando el derecho al conocimiento de las normas de convivencia de unos y otros.

Se intentó impedir la aplicación de la nueva materia de muchas maneras, pero finalmente alguien tuvo la divertida idea de impartirla en inglés. Lo que parecía una broma pesada se convirtió en realidad. Con una población escolar con insuficiente capacidad lingüística como para comprender la materia en inglés, y con el pendiente déficit de profesores de inglés en los primeros cursos de primaria se lanzaron al peligro como un trapecista, con la ayuda del instrumento represivo de los inspectores y las amonestaciones a los profesores como pértiga para mantener el equilibrio.

Ayer decía Gemma Piqué, presidenta de la FAPA de Valencia y en representación de la plataforma en defensa de la enseñanza pública que “no obligue al profesorado a cumplir órdenes incumplibles. No escondan sus razones. Ustedes no quieren que se enseñe Educación para la Ciudadanía. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí”. Han forzado la máquina de más, y en su pulso contra el gobierno central con criterios ideológicos de la derecha más rancia, han convertido el problema en la gota que ha desbordado el vaso de la deteriorada enseñanza pública. No se debe abrir la caja de Pandora cuando sabemos que las cosas no andan bien.

Es en estas ocasiones, con peligro de ser tachada la idea de jacobina, se podría pensar que el sistema educativo no debió entregarse en su totalidad en manos de las Autonomías. El corpus curricular debería ser igual para todo el territorio, y sin bien puede ser aceptable que la financiación sea gestionada desde los gobiernos autonómicos, por conocer desde la proximidad las necesidades de los conciudadanos, si al menos hubiera sido deseable un cuerpo de inspectores estatal, absolutamente profesional, que velara por la calidad de la educación en todos sus aspectos y por igual en todos los territorios del Estado. Nos hubiéramos evitado estos experimentos de aprendiz de brujo y puede que hubiera amortiguado en gran medida la fractura educativa que existe en la Comunidad Valenciana.

La peor noticia que puede recibir una nación, es que los hijos tengan una preparación más deficiente que los padres, porque es prueba de una degeneración sin paliativos. No juguemos con el futuro de los nuestros, no juguemos con nuestro futuro.