El pasado 8 de mayo de 2009 tuvimos la oportunidad de compartir mesa con el Psiquiatra Manuel Girón i Jiménez. Titular en la Unidad de Salud Mental de Ciudad Jardín y Profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Miguel Hernández. Miembro de la Plataforma Pro-Sanidad Pública, vino invitado por nuestro compañero José Ramón Cuevas, quien nos hace este resumen. Manuel amenizo la charla con abundante material grafico y de apoyo visual; haciendo de la misma una de las exposiciones más didácticas y pedagógicas.
Empezó su análisis con un breve desarrollo sobre la esperanza de vida, desde un enfoque del Materialismo Histórico, según las distintas clases sociales; seguidamente nos demostró que, con el desarrollo del Capitalismo, a las distintas oligarquías les interesaba desarrollar unos mínimos de salubridad entre la población obrera para poder mantener y aumentar sus beneficios empresariales. Nacían así los primeros modelos de sanidad asistencial.
Con la Democracia y con el PSOE en el Gobierno; pone como ejemplo, de lo que considera que es una buena ley de Sanidad. La Ley 14/1986 o Ley General de Sanidad que fue desarrollada por el añorado Ministro de Sanidad Ernest Lluch, al que le dedico un recuerdo en su charla; con un: “Me quito el sombrero ante este Señor”, repetido por dos veces.
Después hace un análisis de la situación en el País Valenciano, con el pesimismo como base en su desarrollo. Como una serie de empresas de Capital – Riesgo consideran que nuestra Salud es un negocio y no un Derecho; Como estas empresas (Ribera Salud, Vinalopo Salud, Marina Salud, Torrevieja Salud, etc.) se preocupan mas de obtener beneficios empresariales que de dar una verdadera calidad a los pacientes. Curiosamente desde 1996 hemos decrecido, de forma notable, en las encuestas sobre asistencia sanitaria de la OMS. (Camas por habitantes, médicos por habitantes, centros de salud por población, enfermeras por habitantes, etc.)
La Sanidad Pública Valenciana se desangra pagando mucho más a la privada de lo que le costaría invertir en recursos propios. Todo ello se hace a sabiendas de que la sanidad privada – para garantizar sus cuentas de resultados – reduce hasta límites inaceptables la calidad de la atención sanitaria, ahorrando en cantidad y cualificación del personal, y en recursos. Las consecuencias son: incrementos de la morbilidad por infecciones hospitalarias, aumento remisión a la sanidad pública con retraso de patologías graves no resueltas por la sanidad privada o consecuencia de intervenciones realizadas con insuficientes recursos sanitarios, o la escandalosa y repetida realización de intervenciones quirúrgicas rentables económicamente y de dudosa indicación terapéutica.
En su exposición y debate nos demostró que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas. Convencido de que la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes.
Como conclusiones finales, solicito la derogación de la Ley/15/97 y cualquier otra que permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública.
