Este trabajo viene de la mano de Pepe González Asencio, después de la visita de Leo Gómez al G180 durante el mes de febrero.¿Cómo ha influido el fenómeno migratorio en esta última década en el sistema penitenciario español?
La población reclusa de origen extranjero ha crecido por encima de la evolución de los presos españoles. Por ejemplo: en este primer cuatrimestre del año, este colectivo ha aumentado en 1.111 miembros frente a los 945 nacionales. En los últimos 8 años, el número de foráneos encarcelados ha crecido en una proporción del 300%, mientras que el de internos locales en un 24%. A fecha de 3 de octubre de 2008 el número total de internos/as en Centros Penitenciarios en todo el Estado – incluido Cataluña (con administración penitenciaria propia)- alcanza los 72.355. De los cuales 66.455 son hombres y 5.900 mujeres. De este computo global se extrae, que aproximadamente el 35% son presos de otros países, uno de cada tres internos es extranjero. Hace apenas ocho años, la proporción era de uno de cada seis. Por sexo el 90% de los reclusos extranjeros son varones.
Las razones aludidas para explicar este fuerte incremento obedecen, según los expertos, a motivos de índole económica y cultural/educativa. Las penurias materiales que padecen y por las que atraviesan un buen número de emigrantes, les conducen de manera inexorable a la delincuencia. Como dato a tener en cuenta, se da la circunstancia de que buena parte de estas personas no tenían antecedentes penales en sus países de origen. Bien por ser primarios delictivamente hablando, o por una mayor eficacia policial en nuestro país en relación con el suyo propio. Esto último propicia un número menor de posibilidades de ingreso en prisión, amparándose también en muchas ocasiones en una más pobre y laxa legislación o por cualquier otra razón semejante. Estas circunstancias hacen que el delincuente habitual en su país, crea erróneamente que en España va a contar con una impunidad similar a la de su lugar de procedencia y que sus hechos delictivos no van a ser nunca castigados con la privación de libertad.
Esta forma de proceder anterior entronca íntimamente con el segundo de los motivos, el de raíz cultural/educativa. En términos generales el recluso extranjero – dependiendo, eso si, de su procedencia- cuenta con una formación educativa deficiente o en muchos casos inexistente, lo que le hace aún mucho más vulnerable y proclive a la práctica delictiva como método de subsistencia, al tener menos posibilidades de acceso al mercado laboral cualificado.
Conocidas las causas es necesaria la aplicación de medidas cautelares de carácter preventivo de la delincuencia extranjera. Para ello sería necesaria una inversión en el ámbito educativo con planes específicos dirigidos a la formación de jóvenes inmigrantes. Tanto en el plano académico formal, como en la Formación Profesional. Sería un error mayúsculo centrar la política de prevención tan sólo en la limitación de entrada a nuestro país (visados, trabas burocráticas, etc.) o en la repatriación al de origen del emigrante.
La población reclusa de origen extranjero ha crecido por encima de la evolución de los presos españoles. Por ejemplo: en este primer cuatrimestre del año, este colectivo ha aumentado en 1.111 miembros frente a los 945 nacionales. En los últimos 8 años, el número de foráneos encarcelados ha crecido en una proporción del 300%, mientras que el de internos locales en un 24%. A fecha de 3 de octubre de 2008 el número total de internos/as en Centros Penitenciarios en todo el Estado – incluido Cataluña (con administración penitenciaria propia)- alcanza los 72.355. De los cuales 66.455 son hombres y 5.900 mujeres. De este computo global se extrae, que aproximadamente el 35% son presos de otros países, uno de cada tres internos es extranjero. Hace apenas ocho años, la proporción era de uno de cada seis. Por sexo el 90% de los reclusos extranjeros son varones.
Las razones aludidas para explicar este fuerte incremento obedecen, según los expertos, a motivos de índole económica y cultural/educativa. Las penurias materiales que padecen y por las que atraviesan un buen número de emigrantes, les conducen de manera inexorable a la delincuencia. Como dato a tener en cuenta, se da la circunstancia de que buena parte de estas personas no tenían antecedentes penales en sus países de origen. Bien por ser primarios delictivamente hablando, o por una mayor eficacia policial en nuestro país en relación con el suyo propio. Esto último propicia un número menor de posibilidades de ingreso en prisión, amparándose también en muchas ocasiones en una más pobre y laxa legislación o por cualquier otra razón semejante. Estas circunstancias hacen que el delincuente habitual en su país, crea erróneamente que en España va a contar con una impunidad similar a la de su lugar de procedencia y que sus hechos delictivos no van a ser nunca castigados con la privación de libertad.
Esta forma de proceder anterior entronca íntimamente con el segundo de los motivos, el de raíz cultural/educativa. En términos generales el recluso extranjero – dependiendo, eso si, de su procedencia- cuenta con una formación educativa deficiente o en muchos casos inexistente, lo que le hace aún mucho más vulnerable y proclive a la práctica delictiva como método de subsistencia, al tener menos posibilidades de acceso al mercado laboral cualificado.
Conocidas las causas es necesaria la aplicación de medidas cautelares de carácter preventivo de la delincuencia extranjera. Para ello sería necesaria una inversión en el ámbito educativo con planes específicos dirigidos a la formación de jóvenes inmigrantes. Tanto en el plano académico formal, como en la Formación Profesional. Sería un error mayúsculo centrar la política de prevención tan sólo en la limitación de entrada a nuestro país (visados, trabas burocráticas, etc.) o en la repatriación al de origen del emigrante.
Otra medida de igual importancia a la anterior, sería la de mejorar la formación del personal (funcionarial o no) que tiene una relación profesional y, por lo tanto, cotidiana con el emigrante. Para ello es fundamental el aprendizaje de idiomas, que favorece la comunicación y las relaciones interpersonales, además de servir de indispensable vehículo de transmisión del conocimiento de los derechos y deberes compartidos e imperantes de nuestra sociedad.
Otro eslabón más de igual importancia que los anteriores en esta política de prevención; sería una intensa formación en el campo de la interculturalidad: Conocer los valores, ideas, cultura, economía, estructura social, religión, etc. (la vida, la muerte, la infancia, la mujer, el matrimonio, la ecología, la democracia, Dios, la moda, la familia, la empresa, el trabajo, etc.) de las culturas predominantes exógenas que pueblan nuestro país: desde la magrebí ( la más numerosa) a la sudamericana (con la que compartimos lengua) pasando por la última en incorporarse, la de los países de la Europa del Este (Rumanía, Polonia, Rusia…). No olvidándonos de estudiar y aprehender, para una mayor comprensión de las mismas, sus singulares rasgos diferenciadores. Todo ello nos permitirá acercarnos con mayor propiedad a la forma de sentir y de pensar del emigrante.
Y por último resaltar una muestra de desigualdad que se aprecia en el sistema penitenciario español. La situación de desarraigo social y familiar que arrastra el emigrante en relación con el nacional y sus mayores problemas de todo tipo en la consecución de un puesto laboral; son carencias que perjudican ostensiblemente la progresión al 3º grado penitenciario del extranjero y la posibilidad de disfrutar de un régimen de semilibertad en el C.I.S. (Centro de Integración Social). Es preceptivo conseguir el 3º grado si se quiere alcanzar la libertad condicional (a los 2/3 del cumplimiento de condena). Esta situación se entiende mejor al constatar los siguientes datos aportados por el C.I.S. Miguel Hernández anexo al CP. Alicante-1. Este C.I.S. cuenta con una total de 200 internos (datos de 8-10-08), de los cuales 168 son españoles (146 hombres y 22 mujeres) el 84%. Y 32 extranjeros (25 hombres y 7 mujeres) el 16%. La diferencia porcentual con los internos extranjeros que se encuentran en el CP. Alicante-1 es de más de 30 puntos, reduciéndose a una cuarta parte el número de nacionalidades, sólo 13. Queda evidenciada pues con cifras la desigualdad antes citada, que se hace más nítida y profunda aún al apreciar, que la mayoría de internos españoles en Sección Abierta tienen trabajo remunerado (98 internos), por tan sólo 6 internos extranjeros.
Antes de dar por finalizado este trabajo, quiero precisar lo siguiente: que éste no se podría haber llevado a cabo, sin la inestimable ayuda y los datos aportados por mi compañero, y sin embargo queridísimo amigo, Leovigildo de Gómez y Navalón (Leo). Pedagogo que presta sus ímprobos y excelentes servicios en el CIS. Miguel Hernández. Un artículo de opinión del periódico Las Provincias fechado en julio del presente año ha sido también clave en la elaboración de este trabajo.
