Ayer se realizó una importante manifestación por las calles de Valencia, el Grupo 180 estuvo allí representado por algunos de sus miembros. Como siempre en los medios aparece la guerra de la cifra de datos que suele haber en estos eventos. El gobierno de Camps hablaba de 10.000 manifestantes y los organizadores de 80.000. La verdad es que desde la cabecera de la manifestación a la cola pasaron hora y cuarto de un coso educativo multicolor, porque aquello era una fiesta por la educación pública: padres, alumnos y alumnas, docentes, sindicatos y partidos políticos.
Cuestionada su representatividad por el Conseller Font de Mora, la verdad es que consiguió el Conseller lo que nadie había conseguido nunca, unir a todos los colectivos por un motivo pedagógico, no por una cuestión de inversiones o reivindicaciones salariales, que también.
Si uno de los principios del estado del bienestar, asumido ya por gran parte de las derechas europeas, pasa por la distribución equitativa de la riqueza a través de los servicios públicos, y si los instrumentos son las pensiones, la sanidad y el sistema educativo, sin lugar a dudas en la educación ha de ser la redistribución del conocimiento, que ha de llegar a todos y con un sistema público educativo garantista de este concepto.
Y quienes están en este momento al frente del gobierno autonómico desoyen este criterio, sin lugar a dudas por motivos ideológicos cada vez más evidentes. Con la fractura educativa determinados sectores de la sociedad difícilmente alcanzarán la igualdad en el conocimiento, y en estas condiciones las clases dominantes, las que ejercen el liderazgo de la sociedad, siempre saldrán de un mismo estrato social, lo que hace más fácil sostener las distancias entre clases y el poder. Nos devuelven otra vez a tiempos de la revolución industrial del XIX, donde a costa de la máxima calvinista de que el trabajo dignifica se sobreexplota a gran parte de la sociedad, mientras que las plusvalías son para unos pocos. Que mejor que utilizar el sistema educativo para perpetuar este fin.
De este modo hemos estado viendo el importante deterioro del sistema público de enseñanza: sin inversiones, con centros deteriorados, en condiciones tercermundistas (miles de alumnos estudiando en barracones), con facturas sostenidas por los padres por falta de fondos de maniobra en los centros, con una población escolar masificada, también por el fenómeno de la inmigración del que no participa la enseñanza concertada, y siendo utilizada como vertedero del fracaso escolar de dicho sistema de concertación. Con un panorama así hemos de añadir el mal funcionamiento para cubrir las bajas de docentes, la cuestionada autoridad de los profesionales, la repercusión en el trabajo de estas pésimas condiciones, lo que hace que tengamos un cuerpo de profesores totalmente desmotivado y desmoralizado.
Pues a todo esto solo le faltaba una gota que colmara el vaso, el problema de la Educación para la Ciudadanía. Una materia que efectivamente hace doctrina, doctrina de ciudadanía. Que los futuros ciudadanos y ciudadanas conozcan su sistema jurídico, las bases del ordenamiento democrático, los derechos y deberes de los ciudadanos, el papel de sus instituciones, y como no, a convivir en la tolerancia y a fomentar el espíritu solidario. Con unos criterios ideológicos como los antes expresados es imposible la compatibilidad con esta nueva materia, máxime con la connivencia con la iglesia católica, convertida en brazo propagandístico de la derecha más conservadora de nuestro país, y que reclama en ser patrón de ética de todos, creyentes o no, permitiéndose el lujo de hacer doctrina fuera de sus púlpitos y anatemizando el derecho al conocimiento de las normas de convivencia de unos y otros.
Se intentó impedir la aplicación de la nueva materia de muchas maneras, pero finalmente alguien tuvo la divertida idea de impartirla en inglés. Lo que parecía una broma pesada se convirtió en realidad. Con una población escolar con insuficiente capacidad lingüística como para comprender la materia en inglés, y con el pendiente déficit de profesores de inglés en los primeros cursos de primaria se lanzaron al peligro como un trapecista, con la ayuda del instrumento represivo de los inspectores y las amonestaciones a los profesores como pértiga para mantener el equilibrio.
Ayer decía Gemma Piqué, presidenta de la FAPA de Valencia y en representación de la plataforma en defensa de la enseñanza pública que “no obligue al profesorado a cumplir órdenes incumplibles. No escondan sus razones. Ustedes no quieren que se enseñe Educación para la Ciudadanía. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí”. Han forzado la máquina de más, y en su pulso contra el gobierno central con criterios ideológicos de la derecha más rancia, han convertido el problema en la gota que ha desbordado el vaso de la deteriorada enseñanza pública. No se debe abrir la caja de Pandora cuando sabemos que las cosas no andan bien.
Es en estas ocasiones, con peligro de ser tachada la idea de jacobina, se podría pensar que el sistema educativo no debió entregarse en su totalidad en manos de las Autonomías. El corpus curricular debería ser igual para todo el territorio, y sin bien puede ser aceptable que la financiación sea gestionada desde los gobiernos autonómicos, por conocer desde la proximidad las necesidades de los conciudadanos, si al menos hubiera sido deseable un cuerpo de inspectores estatal, absolutamente profesional, que velara por la calidad de la educación en todos sus aspectos y por igual en todos los territorios del Estado. Nos hubiéramos evitado estos experimentos de aprendiz de brujo y puede que hubiera amortiguado en gran medida la fractura educativa que existe en la Comunidad Valenciana.
Cuestionada su representatividad por el Conseller Font de Mora, la verdad es que consiguió el Conseller lo que nadie había conseguido nunca, unir a todos los colectivos por un motivo pedagógico, no por una cuestión de inversiones o reivindicaciones salariales, que también.
Si uno de los principios del estado del bienestar, asumido ya por gran parte de las derechas europeas, pasa por la distribución equitativa de la riqueza a través de los servicios públicos, y si los instrumentos son las pensiones, la sanidad y el sistema educativo, sin lugar a dudas en la educación ha de ser la redistribución del conocimiento, que ha de llegar a todos y con un sistema público educativo garantista de este concepto.
Y quienes están en este momento al frente del gobierno autonómico desoyen este criterio, sin lugar a dudas por motivos ideológicos cada vez más evidentes. Con la fractura educativa determinados sectores de la sociedad difícilmente alcanzarán la igualdad en el conocimiento, y en estas condiciones las clases dominantes, las que ejercen el liderazgo de la sociedad, siempre saldrán de un mismo estrato social, lo que hace más fácil sostener las distancias entre clases y el poder. Nos devuelven otra vez a tiempos de la revolución industrial del XIX, donde a costa de la máxima calvinista de que el trabajo dignifica se sobreexplota a gran parte de la sociedad, mientras que las plusvalías son para unos pocos. Que mejor que utilizar el sistema educativo para perpetuar este fin.
De este modo hemos estado viendo el importante deterioro del sistema público de enseñanza: sin inversiones, con centros deteriorados, en condiciones tercermundistas (miles de alumnos estudiando en barracones), con facturas sostenidas por los padres por falta de fondos de maniobra en los centros, con una población escolar masificada, también por el fenómeno de la inmigración del que no participa la enseñanza concertada, y siendo utilizada como vertedero del fracaso escolar de dicho sistema de concertación. Con un panorama así hemos de añadir el mal funcionamiento para cubrir las bajas de docentes, la cuestionada autoridad de los profesionales, la repercusión en el trabajo de estas pésimas condiciones, lo que hace que tengamos un cuerpo de profesores totalmente desmotivado y desmoralizado.
Pues a todo esto solo le faltaba una gota que colmara el vaso, el problema de la Educación para la Ciudadanía. Una materia que efectivamente hace doctrina, doctrina de ciudadanía. Que los futuros ciudadanos y ciudadanas conozcan su sistema jurídico, las bases del ordenamiento democrático, los derechos y deberes de los ciudadanos, el papel de sus instituciones, y como no, a convivir en la tolerancia y a fomentar el espíritu solidario. Con unos criterios ideológicos como los antes expresados es imposible la compatibilidad con esta nueva materia, máxime con la connivencia con la iglesia católica, convertida en brazo propagandístico de la derecha más conservadora de nuestro país, y que reclama en ser patrón de ética de todos, creyentes o no, permitiéndose el lujo de hacer doctrina fuera de sus púlpitos y anatemizando el derecho al conocimiento de las normas de convivencia de unos y otros.
Se intentó impedir la aplicación de la nueva materia de muchas maneras, pero finalmente alguien tuvo la divertida idea de impartirla en inglés. Lo que parecía una broma pesada se convirtió en realidad. Con una población escolar con insuficiente capacidad lingüística como para comprender la materia en inglés, y con el pendiente déficit de profesores de inglés en los primeros cursos de primaria se lanzaron al peligro como un trapecista, con la ayuda del instrumento represivo de los inspectores y las amonestaciones a los profesores como pértiga para mantener el equilibrio.
Ayer decía Gemma Piqué, presidenta de la FAPA de Valencia y en representación de la plataforma en defensa de la enseñanza pública que “no obligue al profesorado a cumplir órdenes incumplibles. No escondan sus razones. Ustedes no quieren que se enseñe Educación para la Ciudadanía. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí”. Han forzado la máquina de más, y en su pulso contra el gobierno central con criterios ideológicos de la derecha más rancia, han convertido el problema en la gota que ha desbordado el vaso de la deteriorada enseñanza pública. No se debe abrir la caja de Pandora cuando sabemos que las cosas no andan bien.
Es en estas ocasiones, con peligro de ser tachada la idea de jacobina, se podría pensar que el sistema educativo no debió entregarse en su totalidad en manos de las Autonomías. El corpus curricular debería ser igual para todo el territorio, y sin bien puede ser aceptable que la financiación sea gestionada desde los gobiernos autonómicos, por conocer desde la proximidad las necesidades de los conciudadanos, si al menos hubiera sido deseable un cuerpo de inspectores estatal, absolutamente profesional, que velara por la calidad de la educación en todos sus aspectos y por igual en todos los territorios del Estado. Nos hubiéramos evitado estos experimentos de aprendiz de brujo y puede que hubiera amortiguado en gran medida la fractura educativa que existe en la Comunidad Valenciana.
La peor noticia que puede recibir una nación, es que los hijos tengan una preparación más deficiente que los padres, porque es prueba de una degeneración sin paliativos. No juguemos con el futuro de los nuestros, no juguemos con nuestro futuro.
